Toma y Retoma del Palacio de justicia: Una Memoria Que Aún Arde

 

Toma y Retoma del

Palacio de justicia:

Una Memoria

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enía trece años y cuidando a mi hermana menor, vi por televisión cómo un edificio imponente en el corazón de Bogotá se consumía entre fuego y explosiones. No entendía lo que pasaba, pero el horror quedó grabado en mi memoria. Recuerdo imágenes que aún me estremecen: un policía cayendo desde un helicóptero en la terraza del Palacio de Justicia, un tanque de guerra atravesando la entrada principal, los ruegos del magistrado Alfonso Reyes Echandía pidiendo que cesara el fuego y que escucharan su llamado a la negociación porque lo iban a asesinar.

Han pasado cuarenta años desde aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia —símbolo del Estado de Derecho en Colombia— fue tomado por la inconsciencia el terror y las balas de un comando del M19 y retomado convertido a escombros por la desmesura de un gobierno arrogante que ignoró las suplicas de los rehenes.  El país fue testigo de cómo el lugar donde debía imperar la justicia se convirtió en un campo de guerra. Lo que siguió fue una lista interminable de muertos, desaparecidos y un silencio institucional que, cuatro décadas después, continúa pesando sobre la conciencia nacional.

El país ha cambiado, pero la herida no. Si yo no puedo olvidar lo ocurrido, ¿cómo podrían hacerlo las familias de quienes estuvieron allí? Los hijos y las hijas del vigilante, del dueño de la cafetería, de la señora que servía los tintos, de la secretaria, del mensajero, del magistrado, del militar, incluso del guerrillero. Todos ellos comparten una misma herencia: no solo son familiares de alguien, son colombianos marcados por una guerra que se transmite de generación en generación.

El tiempo no pasa cuando los expedientes siguen inconclusos y los homenajes llegan sin respuestas. En las manos de los dolientes ha recaído la tarea de mantener viva la memoria y de sostener una verdad que muchos quisieron borrar entre las llamas. Son ellos —y solo ellos— quienes han cargado durante cuarenta años con el peso de la historia, la indiferencia y la impunidad.

Hay una marca invisible en cada familia colombiana: la del sufrimiento heredado. En este país, el dolor se aprende en silencio y se lleva como una cicatriz que no desaparece. Por eso es tan difícil hablar de paz cuando aún hay heridas abiertas, cuando el pasado no se ha contado con verdad ni sanado con justicia. Y, sin embargo, hay víctimas que han encontrado en el perdón una forma de resistencia. Perdonar, no para olvidar, sino para liberar a las nuevas generaciones de una guerra que no escogieron; “perdonar lo imperdonable”.

Según la historiadora Uribe (2016), “la venganza es una cadena interminable a la que, por imposible que parezca, hay que ponerle un final. De lo contrario, eterniza los odios y compromete a las siguientes generaciones a continuar venganzas de cosas, tiempos e historias que no vivieron”.

¿Los de la toma que pretendían mostrar? valentía, la verdadera valentía no está en imponer la fuerza, sino en tener la capacidad de proponer ideas, de escuchar y de debatir con respeto. En un país acostumbrado a resolver sus diferencias a punta de gritos o de balas, atreverse a dialogar es un acto de coraje. Ser valiente es aceptar que pensamos distinto, pero que compartimos un mismo destino. Es entender que, solo trabajando en equipo, desde el desacuerdo y la empatía, podremos construir un país más justo, donde la palabra recupere el lugar que durante tanto tiempo le arrebató la violencia.

El Palacio de Justicia no solo ardió en lo físico; ardió en lo simbólico. Allí también se derrumbó la confianza en las instituciones y se reveló la fragilidad de un Estado que, en su intento por imponer el orden en respuesta a un ataque inconsciente y violento, perdió totalmente el rumbo moral, abandonando al pueblo a su suerte. El fuego no solo consumió expedientes: también devoró las vidas de muchas familias, y eso es lo que realmente cuenta.

Durante estas cuatro décadas, la justicia ha avanzado con lentitud, entre fallos nacionales e internacionales que, aunque han reconocido responsabilidades, de parte y parte no han permitido cerrar el duelo. En Colombia, la impunidad se ha vuelto una costumbre peligrosa: un hábito que adormece la conciencia colectiva y condena a las víctimas a revivir su tragedia cada aniversario.

No se puede volver atrás; se trata de cerrar este capítulo de dolor abrazando las victimas con verdad, justicia y dignidad, ¿Por qué no aprender de los errores? Debemos entender que, en medio del fuego, estaban sus familias, colombianos como nosotros, que trabajaban en este recinto. La Constitución lo dice claramente: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Constitución Política de Colombia, Título II, Capítulo 1, Artículo 22, 1991). Ese deber nos pertenece a todos.

¿Cuántas generaciones deberán pasar antes de aprender a vivir aceptando y concertando nuestras diferencias? El recuerdo del Palacio de Justicia nos recuerda que la guerra no termina mientras haya colombianos llorando a sus muertos sin justicia o buscando a sus familiares desaparecidos a causa de la violencia. No habrá reconciliación sin verdad completa, sin reparación real y sin el reconocimiento pleno del dolor causado.

A las puertas de este aniversario, no bastan los comunicados oficiales ni las ceremonias con flores como todos los años. Colombia necesita asumir que el Palacio de Justicia no fue solo una tragedia del pasado. Recordar es un acto político, pero también un acto de dignidad.

A cuarenta años de este fatídico día, el homenaje más honesto que podemos ofrecer a las víctimas es no olvidarlas: no hasta que la última persona desaparecida sea encontrada, no hasta que dejemos atrás esta polarización ridícula que nos divide, no hasta que entendamos que las nuevas generaciones merecen una memoria sin miedo.

Es demasiado el dolor asumido por cada colombiano. El Estado y los grupos al margen de la ley deben pedir perdón real. Pero pedir perdón implica un cambio verdadero: desde la forma de comunicarse hasta la restitución y dignificación de cada una de las víctimas directas y las indirectas como nosotros, los que vimos, los que escuchamos, los que sufrimos la barbarie de las imágenes y las voces de cada una de las tragedias en este país.  Ahí está la verdadera paz.

No basta con mitigar los desastres de la guerra: lo que el país necesita es que esta, termine y no se repita. Durante años hemos normalizado la violencia, incluso en los gestos y palabras de la vida cotidiana. Está presente en la forma en que nos comunicamos, en cómo respondemos o imponemos nuestras ideas, y quizá ahí empieza todo. Carecemos de un lenguaje compasivo y humano; hemos olvidado la empatía y pocas veces nos detenemos a pensar qué hay detrás de la violencia del otro. Tratar bien a los demás no debería ser una excepción, sino la base del respeto mutuo que necesitamos recuperar como sociedad. Tanto el Estado, los grupos al margen de la Ley y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades políticas, morales, históricas y sociales que asumir: dignificar, reconocer en todos los aspectos, reconciliarnos, sanar, y aportar, aunque sea desde la palabra, a la construcción de esa paz que tanto anhelamos.

El fuego del Palacio aún arde en la memoria viva de cada una de las familias que siguen buscando justicia y reparación, y de los que aun recordamos con horror esta tragedia que se pudo evitar y que nunca debió ocurrir.

 

Esther Avendaño

Periodista y Escritora